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Alarmante: Cifras de asesinatos en Colombia revelan nueva ola de violencia (+ONU)

                                     


Las cifras de la violencia en Colombia continúan en ascenso, incluso durante la cuarentena por la crisis del coronavirus, según han alertado diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos. 

A esta lista de víctimas de enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial, recientemente se han unido las masacres, principalmente de jóvenes, que han ocurrido en varios departamentos del país suramericano. 

Si bien el Acuerdo de paz entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado se firmó en 2016, distintos sectores han denunciado el incumpliendo del pacto por parte del Gobierno, como una de las principales causas del incremento de homicidios. De igual manera, se ha hecho referencia al repunte del paramilitarismo y de las actividades criminales de las llamadas disidencias de los grupos armados, en las zonas que fueron dejadas por la guerrilla desaparecida. 

Las masacres 

El tema de las masacres recientes trajo al presente una reminiscencia de la historia colombiana, que entre los años 80 y la primera década de 2000 estuvo marcada por matanzas y hechos de sangre, protagonizados por grupos armados ilegales y del Ejército en contra de la población civil. 

En agosto, dos hechos de sangre conmovieron a Colombia: la masacre de cinco adolescentes en Cali (Valle del Cauca), que habrían sido ultimados por dos vigilantes de un sembradío de caña de azúcar, según investigaciones de la Fiscalía, y el asesinato de nueve jóvenes que se encontraban en una reunión en Samaniego (Nariño), cuyas causas aún no han sido aclaradas por la Justicia. 

Estas muertes han sido calificadas por el presidente Iván Duque como «homicidios colectivos», lo que ha generado fuertes críticas entre actores políticos de oposición y defensores de los derechos humanos, que han afirmado que con esa denominación no se atiende el problema de fondo que es la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran campesinos, jóvenes, indígenas, líderes sociales y excombatientes. 

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos documentó hasta el 17 de agosto pasado 33 masacres, y dio seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Del mismo modo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró hasta el pasado 25 de agosto un total de 46 masacres, de las cuales 13 habrían ocurrido solo en agosto. 

Asesinato de líderes sociales 

Una cifra que se mantiene constante mes a mes en Colombia es la de los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. 

En los 250 días de este año, 205 líderes comunitarios han sido ultimados, lo que significa casi un homicidio diario, según los registros de Indepaz. En el recuento de las víctimas del partido Fuerza Revolucionaria del Común (FARC), la cifra alcanza los 1.000 luchadores sociales desde la firma del Acuerdo. 

Los excombatientes de las extintas FARC que han dejado las armas también han sido parte de la espiral de la violencia. Hasta el pasado 2 de septiembre se reportaba el asesinato de 225 exguerrilleros desde que se firmó el Acuerdo de paz, mientras que, en este año, el número de víctimas fatales asciende a 42, según Indepaz. 

¿Qué dice la ONU? 

Frente a estas muertes violentas, la ONU ha pedido reiteradamente al Gobierno que garantice lo estipulado en los acuerdos, que vele por la seguridad de los firmantes y de los líderes sociales, y que ofrezca las garantías necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de paz. 

Este clima de conflicto y amenazas ha hecho que se produzcan desplazamientos internos por parte de la población para escapar de la violencia de los grupos armados, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, según la oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ( OCHA, por sus siglas en inglés). 

Este organismo internacional ha manifestado su preocupación porque en los siete meses de 2020, el número de personas desplazadas casi alcanza la cifra de 2019. Según la Defensoría del Pueblo, desde enero hasta junio se desplazaron 8.223 personas. La cifra total, contabilizada desde 1985, es de casi 8 millones de colombianos. 

Respuestas 

La Casa de Nariño ha vinculado esta ola de violencia a las actividades del narcotráfico, de las disidencias y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las zonas rurales de los departamentos de Colombia, por lo que ha anunciado el reforzamiento de la presencia militar. 

Esta respuesta ha sido rechazada por quienes consideran que la militarización solo agrava el problema, debido a que hay asuntos más urgentes como las demandas sociales que se han agudizado por la crisis del coronavirus, el conflicto armado en las zonas rurales —donde existe presencia también de grupos paramilitares— y el cumplimiento de los acuerdos de paz. 

Mientras tanto, en el Congreso se discute la prórroga por 10 años más de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), para que pueda extenderse hasta 2021, ante la lentitud del proceso de reparación y de devolución de los predios que fueron arrebatados. 

En esta misma línea, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas han advertido sobre la » incertidumbre» en que se encuentra la política de víctimas sobre su «financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por el covid-19», recoge la página web de la Contraloría . 

Según los registros oficiales, el conflicto armado en Colombia dejó 7.261.998 de víctimas, de las cuales solo han sido reparadas 879.821. 

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