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Un gobierno honesto

                              

En su primer discurso, la noche del 5 de julio, luego de ganar las elecciones presidenciales, Luis Abinader dijo que tenía el compromiso de hacer un gobierno honesto. Recuerdo bien la expresión porque ese es el lema de Alianza País. Ya instalado el nuevo gobierno en el Palacio Nacional es oportuno precisar algunos de los postulados que para nuestro partido significa un gobierno honesto.

Un gobierno honesto es aquel que maneja con pulcritud y transparencia los recursos públicos y rinde cuenta periódica ante la ciudadanía. Para ello es necesaria la adopción de medidas concretas de prevención de la corrupción y acabar con la impunidad. Veamos algunas de las providencias que en el ámbito de la prevención deben adoptarse para asegurar un gobierno honesto:

1) Eliminar ministerios y direcciones descentralizadas duplicadas o sin reales funciones.

2) Aplicar con rigor la carrera administrativa y acabar con las “botellas” y “nominillas”.

3) Erradicar el nepotismo y el tráfico de influencias.

4) Unificar en una sola escala los sueldos en el Estado, garantizando salarios dignos a los funcionarios pero reduciendo sustancialmente los actuales salarios de lujo de los altos funcionarios al tiempo de aumentar el salario mínimo al equivalente de la canasta familiar básica.

5) Obligación para todo funcionario de presentar su declaración de patrimonio, no debiendo hacerse el pago de su salario hasta no cumplir con este requisito.

6) Igual declaración deberán presentar al dejar la función pública, por cualquier motivo. 7) En su declaración jurada los funcionarios deben identificar cualquier conflicto de intereses y solicitar licencia en las instituciones privadas a que pertenezcan durante el período de desempeño de la función pública.

8) Todo funcionario público debe inhibirse de participar en la toma de decisiones que beneficien a familiares, amistades o relacionados.

9) Ningún funcionario público puede tener cuentas ocultas en paraísos fiscales durante el desempeño de sus funciones, debiendo presumirse de origen ilícito esos recursos.

10) Disponer de forma aleatoria la auditoría de un porcentaje de las declaraciones juradas hechas por los funcionarios públicos, tanto al ingreso como a la salida del cargo.

11) Todo bien adquirido durante el desempeño de una función pública se presume de origen ilícito a menos que el interesado demuestre su origen lícito.

12) Eliminación a ministerios y organismos autónomos del Estado la facultad para hacer construcciones y compras mayores, las que deben realizarse por los organismos creados con esas funciones, siempre bajo rigurosos procedimientos de concurso público, licitaciones transparentes, conforme las disposiciones de la Ley.

13) Reducir la publicidad y propaganda oficial a la prevención, orientación y educación ciudadana quedando prohibida toda publicidad para promoción del jefe del Estado, legisladores, ministros, directores u otros funcionarios del Estado.

14) Que las instituciones públicas sustenten sus asignaciones presupuestarias en una definición de objetivos de política pública y de programas a ejecutar debiendo evaluarse y contrastarse los resultados con lo programado.

15) Eliminar toda forma de opacidad en el gasto público y, por tanto, identificar en todo gasto público: quién lo dispuso, en qué se gasto, quién recibió el pago, siempre debidamente respaldado en soportes válidos.

16) Promover y facilitar en todos los ministerios y poderes del Estado la “veeduría ciudadana independiente”, facultada para hacer evaluaciones periódicas sobre el desempeño y manejo de los recurso y proceder en consecuencia.

17) En este momento es imprescindible auditar todos los ministerios y organismos descentralizados a fin de presentar a la ciudadanía un Estado de situación de lo encontrado para que las autoridades competentes procedan como correspondan.

18) Es imprescindible auditar la deuda pública, establecer el objeto de cada préstamo, en qué se invirtieron efectivamente, quiénes lo autorizaron y lo ejecutaron, determinando quiénes de estos comprometieron su responsabilidad penal, si fuera el caso.

19) Extender el gobierno honesto al Congreso e impulsar la eliminación del “barrilito”, “cofrecito”, exoneraciones de vehículos y cualquier otra retribución contraria a las funciones legislativas.

20) El presidente de la República debe garantizar un Poder Judicial, Ministerio Público y Cámara de Cuentas independientes, al tiempo que se garantice que sus integrantes observen una conducta honesta y transparente en el desempeño de sus funciones.

Todas las anteriores medidas de prevención en el manejo de los recursos públicos tienen que ser acompañadas de una aplicación de la ley con puño de hierro en el combate de la corrupción y la impunidad. Esa política expresará una definida voluntad de Estado basada en tres principios: I) Todo acto de corrupción detectado o denunciado tiene que ser investigado y, en base a pruebas, sus autores enjuiciados; II) Ningún acto de corrupción puede quedar impune; III) Ningún ladrón de recursos públicos puede beneficiarse de su robo.

Por. Guillermo Moreno

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