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El riesgo de colapso del sector agropecuario

                            

En mi artículo del pasado lunes 24 me referí a la necesidad de reactivar el sector agropecuario como parte esencial de la recuperación económica del país. A ese propósito, Manuel Matos, dirigente agropecuario nacional de larga data, excandidato a senador de Alianza País por su provincia, me remitió unas notas con un conjunto de precisiones que libremente comparto con los lectores. 

Manuel Matos introduce sus notas señalando que el nuevo gobierno, si realmente quiere dar una respuesta acertada, tiene que planificar el relanzamiento del sector agropecuario para convertirlo en una fuente generadora de empleo y riqueza, lograr la autosuficiencia y soberanía alimentaria, e impulsar el desarrollo productivo. 

A esos fines, en lo inmediato se hace necesario impulsar una política para bajar los costos de inversión del productor agrícola. A título de ejemplo se pueden mencionar: I) garantizar que el precio del combustible usado –gasoil y energía eléctrica— llegue al campo a su costo; II) universalizar el acceso de los productores al crédito formal. En la actualidad algo más del 80% del crédito orientado al campo es suplido por comerciantes intermediarios, con intereses que oscilan entre un 3% a un 10% mensual, haciendo prácticamente inviable producir con esos intereses; III) el Estado debe comprar con bonos la deuda acumulada por los productores agrícolas con el sector informal para que aquellos se la paguen sin intereses a mediano plazo; IV) capitalizar el Banco Agrícola para préstamos a bajo interés al tiempo de convertirlo en un Banco de Desarrollo Rural y Agroindustrial; V) desarrollar políticas para disminuir los niveles de costo que la intermediación especulativa le agrega a los alimentos agrícolas en el tránsito de la finca al mercado; VI) reducción del costo de maquinarias agrícolas, fertilizantes y pesticidas. 

Es urgente la reestructuración del sector agropecuario, poniendo al Ministerio de Agricultura como el órgano rector y articulador de la política agropecuaria del Estado. Esto implica revisar unas 18 entidades hoy existentes en el sector, integrar unas y eliminar las duplicadas y sin reales funciones. 

Impulsar una política para la producción y uso eficiente del agua que contrarreste los períodos de sequía. A esos fines es necesario invertir en nuevas infraestructuras de riego –presas, canales— y en tecnología para su distribución utilizando sistemas por goteo y por aspersión. En este punto es necesario insistir en la declaración de zonas protegidas los lugares donde haya nacimiento o fuente de agua y así evitar la explotación minera en esas áreas. 

Es imprescindible invertir en la investigación agropecuaria para generar nuevas tecnologías, orientadas a la producción de semillas de alta capacidad productiva e incrementar la calidad genética del sector ganadero, entre otras. También para el apoyo a la producción en ambientes controlados. 

Definir una política para el incentivo y fomento de agroindustrias que le agreguen valor a lo producido en el campo, y así crear nuevas fuentes de empleos y aumentar nuestras exportaciones. 

Nunca como ahora fue necesario que se adopte como política de Estado, para incentivar la producción nacional, que se adquieran los distintos rubros del sector agropecuario para los planes sociales, desayuno escolar, comedores económicos. 

Además, es urgente propiciar programas de capacitación a productores agropecuarios y a técnicos y profesionales del área para el aumento de la productividad, mejorar la rentabilidad así como el uso eficiente de los recursos naturales, las nuevas tecnologías disponibles y hacer un uso oportuno de la información de mercados. 

La otra cuestión a ponderar es la revisión de los acuerdos comerciales firmados con Centro América y Estados Unidos. 

La actual coyuntura favorece una iniciativa de ese tipo pues, en medio de la actual recesión y crisis económica mundial derivada de la pandemia, cada país está poniendo todo su esfuerzo en impulsar su aparato productivo para garantizar, como cuestión prioritaria, la alimentación básica de su población. La rectificación del tratado que se plantea se contrae a sacar del mismo, por lo menos, los rubros de la canasta básica alimentaria que a su vez son importantes fuentes de empleo y sostenibilidad de millares de comunidades del país. Estamos hablando del arroz, leche, habichuelas, carnes, cebolla, ajo, maíz. De no producirse la rectificación de estos acuerdos, a medida que se cumplan, en breve tiempo, los plazos que eliminen los aranceles aduanales, el país quedará sin producción en esos rublos, pues no podrá competir, sobre todo con los productores norteamericanos. A estos su Estado les subsidia y reciben créditos a una tasa de 2 y 3% anual; disponen de tecnología de última generación, fruto de que por disposición gubernamental en 14 universidades tienen un departamento de investigación agropecuaria. El cese de producción de estos rubros en el país, traerá como secuela más desempleo en el campo y el desplazamiento al extranjero y a los barrios marginados de las ciudades, la ya reducida población rural dominicana. 

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