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Las nuevas amenazas al periodismo vienen de los gobiernos


Cuando Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue acusado el año pasado por el gobierno de Donald Trump por la publicación de documentos secretos del gobierno estadounidense casi una década antes, muchos periodistas manifestaron una profunda preocupación por el peligroso precedente que el caso podría sentar para el periodismo de investigación en Estados Unidos. 

Sin embargo, pocos parecieron considerar que el caso también podría servir como ejemplo para otras naciones dispuestas a frenar la libertad de prensa. 

El martes 21 de enero, Glenn Greenwald —un periodista estadounidense que reside y trabaja en Brasil—, fue acusado de cometer delitos cibernéticos por una serie de reportajes en los que se publicaron mensajes privados entre funcionarios brasileños que revelaron corrupción y abusos en los más altos niveles del gobierno de Brasil. Los fiscales brasileños que presentaron la demanda penal afirmaron que Greenwald formaba parte de una organización delictuosa que intervenía los teléfonos celulares de funcionarios gubernamentales. El periodista ha negado los cargos (una aclaración: Greenwald es cofundador de The Intercept, donde trabajo como reportero; yo también dirijo el Fondo para la Defensa de la Libertad de Prensa First Look, que es parte de la organización sin fines de lucro de la que forma parte The Intercept). 

El caso contra Greenwald es siniestramente similar al caso contra Assange del gobierno de Trump. En abril de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Assange de ayudar a una fuente —Chelsea Manning, exanalista de inteligencia del ejército—, a obtener acceso a la base de datos computarizada del ejército estadounidense. En mayo de 2019, los cargos en su contra se ampliaron y fue acusado formalmente conforme a la Ley de Espionaje por la publicación en WikiLeaks de documentos militares y diplomáticos del país. 

Ambos casos se basan en parte en un nuevo concepto procesal que consiste en que se puede probar que el periodismo es un delito centrándose en las interacciones entre los periodistas y sus fuentes. Ahora los fiscales están analizando los procesos mediante los cuales las fuentes obtienen información clasificada o privada, que luego les entregan a los periodistas. Dado que actualmente dichas interacciones son principalmente electrónicas, los fiscales buscan penalizar al periodismo recurriendo a leyes antihackeo para implicar a los reporteros en la presunta actividad delictiva de sus fuentes al obtener acceso, sin autorización, a datos en computadoras o celulares. 

Esta estrategia frontal da al gobierno una enorme ventaja sobre los periodistas y, en Estados Unidos, proporciona una manera de evadir las preocupaciones relacionadas con la Primera Enmienda. Si estos casos se vuelven modelos para los fiscales en Estados Unidos y otras naciones los copian, casi todo periodista de investigación acabará siendo susceptible de ser acusado y encarcelado. 

Tanto el gobierno de Trump como el de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, parecen haber decidido experimentar con esas tácticas draconianas contra la prensa poniéndolas a prueba con figuras que les resultan molestas. 

De hecho, en el momento de su acusación formal el año pasado, ya había un debate dentro de los medios sobre si debería considerarse periodista a Assange. 

En 2010, cuando WikiLeaks comenzó a publicar las filtraciones importantes de los documentos del gobierno estadounidense obtenidos de Manning, Assange surgió de manera repentina como un nuevo actor en el paisaje periodístico moderno. Bajo su liderazgo, WikiLeaks publicó los documentos filtrados, además de compartir muchos de ellos con otras importantes organizaciones noticiosas, entre ellas The New York Times. 

Además de publicarlos, Assange fungió como intermediario entre las fuentes y los periodistas, lo cual dificultó poder definir su labor periodística. Su participación posterior en el caso entre Trump y Rusia —en 2016, WikiLeaks obtuvo e hizo públicos correos electrónicos, así como otros documentos de la campaña presidencial de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata, de un hacker que se creía que estaba relacionado con la inteligencia rusa— lo transformó en un personaje aún más incendiario con poco apoyo público (los cargos federales contra Assange no se relacionan con su participación en la campaña de 2016). 

Greenwald se ufana de ser un personaje polémico y desdeñoso de los medios establecidos y, de hecho, hemos tenido enfrentamientos públicos en relación con nuestras posturas divergentes sobre el caso de Trump y Rusia. Sin embargo, también es un periodista apasionado que sobresalió en 2013 por su cobertura ganadora del Pulitzer de una enorme cantidad de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense que fueron filtrados por Edward Snowden, excontratista de ese organismo. 

El año pasado, Greenwald consiguió otra filtración importante, los mensajes privados de funcionarios del gobierno brasileño en relación con un importante caso de corrupción que condujo a la sentencia del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. 

El reportaje de Greenwald reveló que la investigación que produjo la sentencia del exmandatario estuvo fuertemente politizada y plagada de corrupción. Los reportajes fueron incendiarios en Brasil y, en última instancia, ayudaron a que Da Silva fuera puesto en libertad en noviembre. 

Sin embargo, la labor periodística de Greenwald enfureció a Bolsonaro, quien meses antes de que se presentara la denuncia del 21 de enero ya lo había amenazado. 

En una entrevista que le hice el jueves 23 de enero, Greenwald aceptó que hay paralelos entre su caso y el de Assange y agregó que no cree que Bolsonaro habría actuado en contra de un periodista estadounidense de haber pensado que el presidente Donald Trump se opondría. 

Por: James Risen

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