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La municipalidad, riesgo y desafío


Tiempos hubo en que las salas capitulares de los ayuntamientos estaban conformadas por los notables de la común. Todavía, en el periodo de los doce años de Joaquín Balaguer, el asunto continuaba igual. Los regidores eran personas de solvencia moral y económica, y los síndicos provenían del mismo litoral, casi siempre. No recibían salarios ni viáticos, y sus labores eran en calidad de contribuyentes al orden y desarrollo del municipio. 

La democracia fue imponiendo otros criterios, y las sindicaturas como las regidurías pasaron a ser ocupadas por personas que, al aspirar a esos puestos, obtenían desde sus respectivas agrupaciones políticas el favor de la mayoría en los procesos electorales. De modo que ya la dignidad que otorgaba un apellido o una alcurnia no resultaban factores a tomar en cuenta para configurar un cabildo en sus puestos de planificación y mando. Cualquier “hijo de machepa” tenía derecho a ocupar el sillón de los que regían a la ciudad. Y los tiempos pues, fueron cambiando, porque también las prestancias cambiaron de rumbo y en muchos núcleos provinciales de la sociedad dominicana los apellidos sonoros pasaron a ocupar segundos planos, cuando no desaparecieron casi del todo, debido a la movilidad social que permitió que personas humildes alcanzaran posiciones económicas incluso más sobradas que las que, en su momento, tuvieron los honorables del pueblo. 

Al cambiar el sistema en su totalidad, la municipalidad tomó otro rumbo. Se cambiaron las denominaciones, surgió en tiempos recientes la figura del alcalde y aunque los regidores continuarían llamándose tales, los distritos municipales pasaron a tener sus regentes propios con el nombre de directores, y en este caso los regidores son nombrados vocales. Esa es la nomenclatura municipal que existe hoy en el país dominicano. Recordemos que Trujillo utilizó la figura del alcalde pedáneo, que era una importación española, utilizada para otorgar autoridad a personas que pudiesen mantener un control de la vida pública en un régimen autoritario, pues en la práctica los que ocuparon estas posiciones, desestimadas una vez concluyó el régimen, eran hombres de procedencia rural, sin preparación adecuada, cuyos dominios eran las poblaciones parroquiales, la ruralidad y sus contornos. 

Razones históricas, sociales, económicas y fundamentalmente el aumento poblacional, han servido de razón para los cambios que experimenta hoy la municipalidad como centro de dirección de las comunidades del país, desde las llamadas comunes cabeceras hasta los distritos municipales que exigen y requieren de direcciones propias que no dependan de los ejes centrales de las capitales provinciales. La República Dominicana que para los primeros dos decenios del siglo veinte apenas sobrepasaba los 800 mil habitantes (Santo Domingo tenía 25 mil y tan solo cinco barrios), llega al final de la dictadura de Trujillo, en 1961, con unos 3 millones en todo el territorio. El último censo de hace diez años, en 2010, estableció unos 9 millones 378 mil habitantes, pero es probable que ya sobrepasemos los 11 millones. El director de Estadísticas que dirigió el censo de 2010 me corrigió hace unos años cuando basándome en los propios números de esa medición señalaba en una conferencia que la población capitaleña era de unos tres millones, y el ex funcionario, hombre serio, capaz y bien enterado de este aspecto, me dijo al oído que el Gran Santo Domingo estaba ya en los 4 millones de pobladores, poco más de un millón de lo que tenía el país entero en 1961. Esto quiere decir que hemos tenido un crecimiento acelerado, como ha ocurrido en la mayoría de las ciudades del país, aunque hay algunas que no han progresado ni económica ni poblacionalmente, o sea que han sufrido un rezago merecedor de atención prioritaria. 

En la mayoría de los casos, las municipalidades han sufrido la merma de sus funciones y objetivos, debido a la falta de planificación adecuada, a mas de que la precariedad presupuestaria obliga al gobierno central a hacerse cargo de muchas de las responsabilidades de los ayuntamientos. No se establecen prioridades, no se planifica –cuando se hace- con base en estudios que determinen viabilidades y alcances futuros, ni se corrigen adecuadamente las falencias cotidianas en que incurren los cabildos. A causa de las planificaciones de pobre concepción, o atadas a las posibilidades financieras externas a sus dominios (sin desestimar indelicadezas) los ayuntamientos han afectado el desarrollo integral y el comportamiento regulatorio de sus comunidades. Excepciones hay, pero pocas. Santiago de los Caballeros y Villa Tapia –una cabeza de provincia y otra un municipio pequeño– han enseñado cómo debe actuarse para enfrentar las realidades cotidianas de una población y de un entorno físico. Menciono las que expertos y la población misma señalan positivamente, pero es probable que existan otros casos, aunque muy pocos. Los cabildos, sus alcaldes y regidores, sus directores municipales y vocales, están obligados en los años por venir a considerar correctamente el valor de sus ejercicios y la apremiante necesidad de abocarse a rediseñar propósitos y a ejecutar acciones y programas con planificaciones previas y no por simples caprichos direccionales. Deberíamos caminar hacia una municipalidad más madura, coherente y dinámica. Ayuntamientos que sean más proactivos, que se integren a los planes de desarrollo con miras más altas y consolidadas, que abandonen la práctica de dirigir los municipios sin otro objetivo que el que marca la simple militancia política, cuando en verdad si trabajasen conforme planificaciones técnicamente viables, bajo la asesoría de expertos, incluso extranjeros si se necesitasen, evaluaran bien el crecimiento poblacional y se refirieran a su labor con lenguaje de futuro, los beneficios políticos, strictu sensu, serían mejores y mayores. No hay fracaso más contundente en la gerencia de cualquier organismo público que el que se produce cuando se trabaja con fines personalistas, propensión a la inmediatez y falta de sentido común. 

Hay que proveer a los ayuntamientos de los recursos que les acuerda la ley. Deben poseer los cabildos presupuestos holgados para estructurar acciones que permitan el desarrollo de sus comunidades dentro de sus responsabilidades municipales. Decisiones que tomen en cuenta el espacio público, la ornamentación, el uso del suelo urbano, el tránsito, programas de desarrollo educativo en lo referente a los servicios, el manejo de los desechos y vertederos, la siempre deficiente –sin que nadie repare en este tema- señalética de las vías, los espacios verdes, las plazas, todo lo que concierne a la razón de ser de los ayuntamientos que, en algunos casos, ha sobrepasado innecesariamente sus auténticas responsabilidades para insertarse en programas que no son de su competencia. El Gobierno central debe fortalecer a las gobernaciones provinciales, que son las representaciones del Poder Ejecutivo en las provincias y cuya fortaleza institucional es nula. Esa debe ser una de las acciones más necesarias del futuro inmediato. Pero, también deben otorgarse a las municipalidades los presupuestos que les otorga la ley para que, bajo supervisión de su propio colegio direccional, que son los regidores y vocales, y las juntas de desarrollo estratégico provinciales, se ejecuten las acciones que permitan el desarrollo de lo que el arquitecto Cristóbal Valdez llama ciudades continuas, densificadas, multifuncionales y heterogéneas. Para construir el país del siglo XXI, las municipalidades son fundamentales. 

Cristóbal Valdez, vuelvo a él, pone el ejemplo de Santo Domingo cuya configuración histórica en términos de identidad física de su entorno, está señalizada por la ciudad ovandina, el Nicolás de Ovando “que la refunda”, Diego Colón “que la desarrolla”, Rafael Trujillo “que la consolida”, Joaquín Balaguer “que la expande” y Leonel Fernández “que la moderniza”. No hay nombres de los regentes de la ciudad, o sea de los síndicos de antes y los alcaldes de hoy, en esta construcción de la ciudad primada. Mañana, el país va a las urnas exclusivamente para elegir a los que gobernarán nuestras ciudades en los próximos cuatro años. Estoy convencido que la mayoría de los postulantes y de los propios electores no conocen la importancia de este sufragio. En ella se juega el porvenir de los municipios, la vida presente y futura de las ciudades, la identidad estética, patrimonial, de ordenamiento y estructuración de las comunidades nuestras, necesitadas de alcaldes y funcionarios municipales que conozcan a cabalidad sus verdaderas metas en procura de un país mejor en todas las direcciones. 

Por: Rafael Lantigua 


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