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Empresas españolas en Cuba plantean medidas para evitar el castigo de EEUU


Las empresas españolas han planteado al Gobierno propuestas para defenderse de las consecuencias del bloqueo de EEUU a Cuba a través de la ley Helms Burton. Las alarmas han sonado de nuevo después de que la Administración Trump, que abrió en mayo pasado la posiblidad de que ciudadanos estadounidenses afectados por expropiaciones de activos durante la revolución en la isla caribeña puedan ejercitar acciones legales y reclamar compensaciones a quienes los utilicen actualmente, haya vetado entrar en EEUU a Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado, así como miembro de la familia principal con la mayoría del capital de la cadena Meliá Hoteles. 

Las peticiones de las compañías españolas se han hecho llegar al Ejecutivo, bien directamente, o bien a través de patronales como la CEOE o la Cámara de Comercio de España. Entre estas peticiones está que no solo el Gobierno español actúe contra estas iniciativas de la Administración de Washington, sino que lo haga la Unión Europea (UE). En realidad, la UE ya se ha armado con un paquete de normas para combatir, o al menos limitar, los efectos de la ley Helms Burton, que recibe el nombre de Estatuto de bloqueo comunitario. Las compañías españolas, pertenecientes a un estado que es uno de los principales inversores en Cuba, persiguen que esta normativa comunitaria tenga efectividad real.

Ignorar notificaciones 

Algunas medidas ya se han puesto en marcha. Es el caso del rechazo por parte del Gobierno español de todas las notificaciones por reclamaciones judiciales que lleguen de EEUU por la ley Helms Burton. El Ejecutivo se basó en un reglamento europeo que deja sin efecto las resoluciones de los juzgados que hagan efectiva esa ley. Así, el Gobierno español están dando por no recibidas las notificaciones de demandas y citaciones provenientes de EEUU en aplicación de la ley Helms Burton contra compañías españolas, tanto si estas se dirigen directamente a las firmas afectadas, como si se han intentado hacer llegar a través de juzgados o del Ministerio de Justicia.

De todas formas, las empresas consideran que, para que prospere esta iniciativa del Ejecutivo, debe intervenir la UE porque "España es parte en instrumentos supranacionales que habilitan tales notificaciones sin la intervención de un órgano jurisdiccional español". A su vez piden un registro europeo público de reclamaciones, reclamantes, sus datos y los fondos financiadores de los procedimientos iniciados al amparo de la ley Helms Burton. Además de representar un efecto disuasorio, este registro "facilitaría el ejercicio de las acciones de reparación de daños que prevé el propio Estatuto de bloqueo", según la lista de propuestas empresariales a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. 

Antecedentes

El año pasado, Donald Trump decidió levantar la suspensión del título III de la ley Helms Burton, que había sido dejado sin efecto por todos los gobiernos estadounidenses desde la aprobación de la ley en 1996. Según esta norma, cualquier ciudadano de origen cubano puede reclamar ante la justicia de EEUU propiedades que le fueron confiscadas a raíz de la revolución castrista de 1959.

A su vez, se anunció la puesta en marcha del título IV, que nunca se había suspendido. Este artículo habilita a EEUU a restringir la entrada a aquellos ejecutivos que estén en empresas que directa o indirectamente «trafiquen» con bienes confiscados en Cuba y sobre los que exista una reclamación de ciudadanos norteamericanos. Es el precepto que ha afectado al principal directivo de Meliá. La norma se puede aplicar aunque las compañías no sean titulares de los bienes incautados, si se considera que han "traficado" con los mismos, según la terminología de la ley. Eso afecta a quienes hayan utilizado u obtenido beneficios de su explotación comercial con contratos de gestión o prestación de servicios facililtados por el actual gobierno de Cuba.

La Administración Trump vinculó la notificación a Meliá a la actividad de algunas de sus filiales con entidades públicas cubanas para la gestión de dos hoteles en la región de Holguín, que estarían ubicados en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sanchez Hill a finales de los años 50, según la compañía. Meliá ha puesto el caso «en manos de las instituciones españolas y, especialmente, de las autoridades comunitarias» para su resolución.

Desde que se activó esta posiblidad se han planteado un total de 21 demandas que afectan a numerosas empresas, entre las que están las españolas Air Europa, el BBVA, Iberia, Iberostar, Meliá y NH. 

En total, hay registradas más de 5.900 reclamaciones en EEUU por un monto que alcanza los 9.000 millones de dólares, entre el valor de los activos y los intereses acumulados.


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