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DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE:Un día que vivirá en la infamia

El domingo dieciséis de febrero será recordado como un día aciago para la democracia dominicana; como un día en el que las oscuras fuerzas de la represión y de la infamia intentaron violentar la voluntad popular para llevarse la sorpresa de que la granada les explotó en la cara. Todo parece indicar que ese día, que vivirá en la infamia, es el preludio de lo que, con una alta dosis de probabilidad, será una derrota inminente del Partido de la Liberación Dominicana.

No fue solamente el hecho de que los equipos electrónicos, supuestamente, no funcionaron adecuadamente ese día. El cúmulo de irregularidades fue tan grande que resulta difícil creer que las mismas habían sido casuales, como ahora lo quiere hacer creer el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, quien ha tratado de minimizar la situación ocurrida aquel día como un mero ´´problema técnico´´ que ´´se le puede presentar a cualquiera´´.

Pero los intentos de Gonzalo Castillo, quien le haría un mejor servicio a este país no hablando, resultarán inútiles para calmar la justificada cólera de un país que se ha visto burlado de la manera más burda e irrespetuosa al ver frustrado su intento de expresarse libremente en las urnas para decirle al partido oficialista que ya está cansado de sus estratagemas tramposas, de su falta de escrúpulos, del despilfarro olímpico de su dinero y de su arrogancia al creerse dueño de este país.

El arresto del técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado y del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta fue el intento fallido del partido oficialista de encontrar un chivo expiatorio para apaciguar a un pueblo que, con sobrada razón, empezó a clamar justicia y a demandar, no a rogar ni a pedir como se le tiene acostumbrado, a que se encuentren a los verdaderos culpables de este intento de quebrantar la voluntad popular. El pueblo no se tragó la píldora de la supuesta implicación y presunta culpabilidad del técnico de Claro y del coronel Ramón Antonio Regalado y, actuando en forma monolítica, empezó a expresarse en protestas en varias provincias del país. Al momento de escribir este comentario, ese pueblo todavía se está manifestando en las calles y diciéndole al gobierno que no creyó el simulacro de investigación que intentó montar. El resultado fue la justa liberación del técnico de Claro y del coronel que, de acuerdo a lo afirmado por la policía, formaban parte de un entramado más amplio que, supuestamente, causó el gran fiasco de las frustradas elecciones del pasado dieciséis de febrero.

La justificada revuelta popular causada por las abortadas elecciones del pasado dieciséis de febrero revela que el PLD, a pesar de todo su poderío mediático, es un partido desgastado moralmente cuya credibilidad se desmorona más cada día. A pesar de que todo indica que se acercan a una masiva derrota, se aferran al poder y quieren retenerlo a como dé lugar. Ya no les queda un ápice de decencia y es esta la coyuntura perfecta para que la oposición y todas las verdaderas fuerzas democráticas del país depongan sus egos y su deseo de protagonismo y se unan para actuar como un tsunami que barra con la plaga morada que tanto daño ha hecho a este país.

A pesar de que el pueblo tiene todo su derecho a expresar su disgusto y a canalizarlo por los medios legales, no apoyamos la demanda hecha por muchos para que renuncien los jueces de la Junta Central Electoral. Desde Balaguer hasta el presente, la Junta Central Electoral ha tendido a responder a los intereses del gobierno de turno y no a actuar como un órgano totalmente independiente. Así, pues, no habría garantía de que los sustitutos de los actuales miembros de la Junta Central Electoral, en cuyo nombramiento influiría el poder ejecutivo, gozarían de toda la credibilidad del pueblo.

El pueblo debe aprender las grandes lecciones que están surgiendo de todo este fiasco. Debe aprender, antes que nada, que la concentración excesiva de poder en un solo partido es totalmente dañina para una verdadera democracia, que los monopolios son injustos, que la gente común puede doblegar a un gobierno y forzarlo a escuchar sus demandas, y que en verdadero estado de derecho el pueblo no es un ente pasivo ni un mero espectador, sino todo lo contrario: un participante activo que debe vigilar celosamente al gobierno de turno para evitar los excesos en que este pueda caer si no encuentra quien le haga contrapeso.

Al mismo tiempo de que no llamamos a la violencia gratuita e injustificada, tampoco defendemos el discurso pacificador con el que el gobierno ha tratado de adormilar a la población, con la intención, tal vez, de que se olvide gradualmente, como ha ocurrido con escándalos previos, de la gravedad de lo ocurrido. La Organización de Estados Americanos, institución en la que el gobierno ha delegado la investigación sobre lo ocurrido, ha expresado claramente que no sólo esclarecerá qué ocurrió y por qué, sino que también establecerá quiénes fueron los culpables de lo que a todas luces fue un intento de boicot. Y es por esto que el pueblo debe mantener su presión para que se desenmascaren los culpables de un hecho tan bochornoso.

Esperemos que así sea y que el gobierno no nos adormile con las acostumbradas investigaciones de previos escándalos donde la soga siempre se rompe por el lado más débil y los verdaderos culpables permanecen encubiertos disfrutando de total impunidad.

Por:Felipe Kemp

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