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Una nueva municipalidad



Juan Pablo Duarte, en su proyecto de Constitución propugnó por hacer del gobierno municipal un cuarto poder. En el Estado Dominicano de hoy, al contrario, se ha impuesto el traspaso regresivo de atribuciones que son propias de los ayuntamientos a ministerios o a órganos especializados del Poder Ejecutivo, lo que fortalece el presidencialismo y reduce a muchos ayuntamientos a agencias de botellas, nominillas y clientelismo. 

El Poder Ejecutivo maneja cada año cerca del 95% del Presupuesto General. En el 2018, la partida consignada a los 158 municipios fue el 2.58% del presupuesto y en el 2019 se redujo a 2.39%, lo que está muy por debajo del 10% que les asigna la Ley. 

Además, la distribución se hace con marcada inequidad. Cerca del 75% de la inversión la acaparan nueve provincias que representan el 54% de la población total, con lo cual se profundiza el desarrollo desigual, y se crea así un país de primera y otro de segunda. 

Infinitas, puede decirse, son las necesidades y demandas acumuladas por los municipios. Pero aún así, pueden desagregarse algunos ejes esenciales que permiten sentar las bases para una nueva municipalidad en el país. 

La nueva municipalidad tiene que partir de fortalecer y otorgar las necesarias competencias al poder local para asegurar derechos y contribuir en garantizar una vida digna a las personas. A esos fines, es necesario institucionalizar, como parte de la gobernanza municipal, la participación de los munícipes en la toma de decisiones sobre las inversiones y políticas públicas y programas a priorizar por el ayuntamiento. En ese sentido, hay que fortalecer desde abajo las organizaciones vecinales y comunitarias y poner en funcionamiento el Consejo Económico y Social, el presupuesto participativo, el cabildo abierto, la veeduría ciudadana, el plebiscito y el referéndum. 

En el marco de la transferencia gradual de competencias hay que garantizar a los municipios el 10 % del Presupuesto General y reconocer a los ayuntamientos el derecho de cobro en su territorio de los tributos de naturaleza municipal, y deben los ayuntamientos asumir compromisos concretos con buenas prácticas de gestión y respetar los porcentajes de la ley para las inversiones en infraestructura y gastos administrativos. 

En los municipios y particularmente en las principales ciudades urge iniciar un verdadero proceso de reordenamiento territorial que de acuerdo con los diversos usos de suelo defina los criterios para los asentamientos humanos en las zonas urbana y rural, al tiempo que se preserven los recursos naturales, el fondo agrícola, las cuencas hidrográficas, playas y montañas. 

La preservación del medio ambiente es también un eje esencial de la nueva municipalidad: participación en la conservación y protección de las áreas protegidas y reservas forestales situadas en el municipio, así como de las cuencas hidrográficas, sus ecosistemas y vida silvestre. El desarrollo de campañas permanentes de orientación para la preservación y conservación del agua; tomar medidas concretas contra las emisiones de CO2 que produzcan industrias, vehículos de motor para contribuir a la detención del cambio climático. 

Igual lo relativo al manejo integral de los desechos sólidos. A esos fines, hay que educar a los munícipes e involucrar a las familias, escuelas, comunidades, iglesias, ministerios; aplicar medidas restrictivas respecto de la utilización de plástico de un solo uso y, finalmente, organizar la industrialización y reciclaje de los desechos sólidos. 

Es impostergable enfrentar el grave problema de la movilidad urbana e interurbana para lo cual, desde el municipio, hay que organizar el tránsito, hacer respetar la ley y además desarrollar, principalmente en las grandes ciudades, la colectivización del transporte. 

Para darles sostenibilidad a todos estos desafíos, el municipio no puede asumirse como compartimento estanco, sino que es necesario propiciar las mancomunidades y la planificación y coordinación regional respecto de sus servicios y competencias. 

El gobierno municipal debe garantizar de forma eficiente y moderna los servicios que le son propios: mercados, mataderos, cuerpo de bomberos, alumbrado, espacios deportivos diversos, cementerios, parques, calles, aceras y contenes, así como impulsar la cultura, el deporte y la sana recreación; fomentar el turismo local; definir políticas para apoyar la pequeña y mediana empresa y la creación de empleo. 

El gobierno municipal debe ser parte integral y participar, en el ámbito de su territorio, de las políticas y servicios públicos del Estado: educación, salud y seguridad públicas. La nueva municipalidad tiene que ser inclusiva y desarrollar políticas locales para la protección de la niñez, y adolescencia; a la mujer contra la violencia y la discriminación; a las personas con discapacidades y envejecientes. 

La nueva municipalidad tiene que ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas y garantizar la persecución penal de todo aquel que se enriquezca ilícitamente con recursos públicos del municipio. 

Una nueva municipalidad construye el poder desde la ciudadanía, hace próxima la democracia y posible el disfrute de los derechos y el desarrollo humano.


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