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2020: Perspectivas electorales


El 2020 es un año esencialmente electoral. En febrero, elecciones municipales para elegir alcaldes, regidores, directores y vocales. En mayo, elecciones nacionales para elegir presidente, senadores y diputados. Además, todo apunta a una segunda vuelta electoral.

En una democracia representativa, en principio, las elecciones son el escenario de disputa del poder político. A ellas concurre la ciudadanía a elegir a los que mejor representen sus aspiraciones. Pero cuando las elecciones se producen en un país con una falsa democracia, como es el caso de la RD, estas se convierten en frustraciones ciudadanas y dan lugar a permanentes procesos de crisis política.

Los procesos electorales dominicanos se caracterizan, salvo contadas excepciones, por el déficit de árbitros electorales, independientes e imparciales. La ausencia de reales árbitros ha sido responsable, por comisión y omisión, de reiterados fraudes y el desconocimiento de la voluntad popular.

El proceso electoral de 2020 está lleno de sombras. Una de las razones es que la Junta Central Electoral ha perdido credibilidad. En esta misma columna, varias veces advertimos que la vía para que la JCE se ganara el respeto como arbitro era ejerciendo con definido carácter su autoridad frente a cada violación a la Ley Electoral, aplicándole las sanciones y adoptando las medidas de lugar, sin importar si la falta provenía de un partido de la oposición o del oficialismo.

Hay un caso que es representativo de esta afirmación. En enero de este año, el pleno de la JCE asumió el compromiso con los partidos de hacer una auditoría técnica a los equipos y al software que se adquirirían para las primarias a celebrarse el 6 de octubre. Las primarias se llevaron a efecto sin que la JCE honrara su compromiso. El cuestionamiento a los equipos por las irregularidades detectadas durante las primarias, dio lugar a que la junta asumiera el compromiso de hacerles, esta vez, una auditoria forense y el propio presidente de la JCE declaró que la elección de la firma auditora sería con el consenso de todos los partidos. Semanas después la JCE eligió unilateralmente la firma auditora, y los cuestionamientos la obligaron a renunciar. Nueva vez, la JCE elige de forma unilateral otra firma auditora que también es cuestionada por vínculos con el ministro Administrativo de la Presidencia, Lic. José Ramón Peralta.

El hecho es que cuando apenas faltan 49 días para las elecciones municipales ni se ha hecho la auditoría forense a los equipos y software utilizados en las primarias del 6 de octubre ni tampoco la auditoría técnica a los nuevos equipos y software para las elecciones del próximo 16 de febrero.

Un órgano electoral que se comporta así carece de la firmeza necesaria para dar seguridad y confianza a los actores políticos y a la ciudadanía.

La auditoría del voto automatizado es apenas uno de los asuntos a resolver. A esto se suma la utilización que está haciendo el oficialismo de los recursos públicos para apoyar a su candidato. La participación abierta del presidente de la República y los ministros en la campaña electoral. Además, se impone enfrentar la compra de cédulas y de votos y tomar medidas para detener la coacción de los ciudadanos beneficiarios de los programas de asistencia social. Garantizar que haya equidad en el acceso a los medios de comunicación y la colocación de la propaganda. Despartidarizar las juntas municipales y los colegios y recintos electorales asegurando su integración con ciudadanos/as independientes. Fiscalizar los recursos utilizados por los candidatos en cuanto a su origen como a su monto, conforme los límites que establece la ley.

En este año 2020, definitivamente electoral, el principal reto que tenemos es llevar a la JCE a respetar y hacer respetar la legalidad electoral. Esta es la garantía de elecciones limpias, legales y realizadas con equidad. Además, es la condición para que los representantes electos estén revestidos de legalidad y de legitimidad.

El camino para avanzar hacia estos objetivos es poner la nación en movimiento exigiendo elecciones limpias. Por tanto hay que marcar claras diferencias con la propuesta truculenta de formar comandos de exmilitares y expolicías, con la gravedad de que algunos de sus caras visibles tienen cuentas pendientes por asesinatos, desapariciones, torturas y vínculos con el narcotráfico. Quienes asumen este camino ni son demócratas ni creen en la democracia sino presas de su desmedida ambición de poder.

Si algo ha demostrado la experiencia, no solo nuestra sino en la región, es que la lucha contra el fraude electoral hay que darla y ganarla desde antes del día de los comicios. Es previo a las elecciones que se deben crear las condiciones objetivas y subjetivas en la ciudadanía para su movilización y la toma de las calles, si se intentara o se produjera un nuevo matadero electoral.

Urge pues constituir una mesa de los partidos de la oposición democrática para desde ahí concertar iniciativas ante el órgano electoral y para desatar iniciativas para la toma de conciencia y movilización de la ciudadanía. Estas son condiciones imprescindibles para, en este 2020, sacar el peledé del poder e iniciar el cambio democrático.

Por: Guillermo Moreno


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