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Manifestantes rechazan la "agenda social" de Piñera con una masiva adhesión a la huelga general


"¡El pueblo unido jamás será vencido!" La consigna se escucha en uno de los tramos de la marcha que transcurre por la Alameda, la principal avenida que cruza el centro de Santiago, en la jornada de huelga general de 48 horas que varias organizaciones sociales y sindicatos han convocado para este miércoles en Chile. En los últimos días, ese lema que se popularizó con el surgimiento de la canción protesta chilena y que el grupo Quilapayún grabó en 1973, al inicio de la dictadura, también ha resonado durante el toque de queda en los altavoces de muchos vecinos y vecinas, que lo han reproducido a todo volumen desde las ventanas de sus casas hacia el exterior. 

Los manifestantes caminan al ritmo de tambores, vuvuzelas y silbidos. De repente paran y gritan a la vez: “¡Bote, bote, bote, paco [policía] quien no bote!”. Y la masa salta desordenadamente. “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, se lee en una pancarta. Otra, en formato de sábana, dice: “No más negocios con nuestras vidas”. “Estamos en la calle porque la salud en Chile es muy precaria, sobre todo la pública, y la privada es demasiado cara”, explica Ernesto González, trabajador de un centro de salud de la capital. Como él, miles de profesionales de la salud, funcionarios, profesores, estudiantes y trabajadores de ámbitos muy distintos se sumaron al sexto día de movilizaciones –el quinto bajo estado de emergencia y toque de queda–. 

Aunque al final del día aún no se habían dado a conocer cifras oficiales de participación, la protesta de este miércoles ha sido, sin duda, la más concurrida. El éxito de la convocatoria significa un revés para el presidente Sebastián Piñera y su gobierno, luego de que el martes anunciara una "nueva agenda social" para tratar de rebajar el conflicto. Pero para los manifestantes, las medidas propuestas en materia de pensiones, salario mínimo y salud no son más que parches que no resuelven el problema de fondo de la sociedad chilena, sometida a profundas brechas de desigualdad y sin plenas garantías de acceso a derechos básicos. 

Alerta por vulnerar derechos humanos 

Desde que se declaró el estado de emergencia, 18 personas han muerto cinco de ellas a manos de militares o carabineros, según fuentes oficiales. El ministerio del Interior informó que, solo entre lunes y martes, 3.284 personas fueron detenidas, entre ellas hay centenares de menores de edad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hace un seguimiento permanente de los abusos y violencia policial y militar, informó la noche del miércoles que hasta ahora ha registrado más de 535 heridos, 200 de los cuales por armas de fuego. El organismo ha presentado un total de 55 acciones judiciales, ocho de las cuales por violencia sexual. Sus observadores precisaron que se trata de seis casos de desnudamientos, en los que se habría obligado a la persona a sacarse la ropa y realizar sentadillas, y dos casos de amenaza de violación por parte de militares y policía. 

.El ministerio del Interior informó que, solo entre lunes y martes, 3.284 personas fueron detenidas, entre ellas hay centenares de menores de edad 

Uno de ellos ocurrió el día 20 de octubre en un supermercado del barrio de Peñalolén, ubicado en la periferia de capital. Una mujer fue detenida por militares por presuntamente haber robado juntos a otras mujeres, hombres, niños y niñas. Al ser arrestada, fue inmovilizada con las manos en la espalda, utilizando lazos de plástico. La colocaron boca abajo y la apuntaron con el arma de servicio en la cara, le tocaron el cuerpo con el fusil y la amenazaron con penetrarla con el arma. La mujer, que se encontraba junto con las otras detenidas, denunció que los funcionarios del Ejército se burlaron de ellas mientras las grababan. 

La alerta por los múltiples casos de denuncias de vulneraciones de los derechos humanos ha saltado a la agenda política y mediática, aunque hace días que las redes sociales avisan y advierten de eso. El detonante ha sido otro caso especialmente polémico que ocurrió la noche del martes, cuando un estudiante que fue detenido y denunció la habilitación de un supuesto centro de torturas ubicado en la estación de metro Baquedano, en pleno centro de la ciudad, donde él mismo habría sido torturado. Su testimonio se viralizó rápidamente y obligó a medios de comunicación y autoridades políticas a empezar a hacerse cargo de las críticas y denuncias por maltratos, abusos y violencia que recuerda el pasado-reciente más oscuro del país sudamericano. Aunque el juez de garantía informó al Ministerio Público de que no existían pruebas para respaldar las acusaciones, el magitrado confirmó que se realizarán más diligencias porque en la inspección del lugar se encontraron “siete cartuchos percutados y dos amarras de plástico” que, según informó el comisario a cargo de la dependencia, el cuerpo de policía no utiliza. 

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que se depuraran responsabilidades de quienes hayan perpetrado “acciones delictivas” contra los manifestantes. “Nuestro Gobierno tiene un compromiso con la democracia irrenunciable”, aseveró. 

¿Renuncias políticas? 

La movilización de este miércoles acabó con varios incidentes en el centro de la ciudad. Siguiendo la misma dinámica que el resto de los días, la mayoría de los participantes han salido a la calle de forma pacífica, pero a final de la tarde y en puntos concretos se produjeron nuevos enfrentamientos con la policía, incendios y saqueos. Sin embargo, según las autoridades políticas, el número de “hechos violentos” se ha reducido. 

Las próximas horas serán claves para que el Ejecutivo trate de rebajar la tensión de la calle con respuestas concretas y a la altura de las demandas ciudadanas 

La aparente desescalada, pero, ha servido de poco (o nada) al Ejecutivo. El presidente Piñera no afloja y mantiene los militares en la calle. La retirada de los soldados se ha convertido en una de las principales demandas de los manifestantes, junto con garantizar sus derechos básicos. Los ciudadanos reclaman la renuncia del mandatario y de su ministro del Interior, Andrés Chadwick, por la mala gestión que el Ejecutivo está haciendo de la crisis política y social. Unas peticiones que podrían prosperar en el Parlamento si la oposición decide poner en marcha un proceso de acusación constitucional que, si bien por una cuestión de mayorías sería difícil de culminar contra Piñera, sí tiene más posibilidades de concretarse si se plantea en contra de un cargo ministerial. 

Las próximas horas, en las que continuará abierta la convocatoria de huelga, serán claves para que el Ejecutivo trate de rebajar la tensión de la calle con respuestas concretas y a la altura de las demandas ciudadanas. De no ser así, las autoridades chilenas llegarán a una semana de conflicto abierto sin avances y con muchas posibilidades de no poder salvar lo que queda de su gestión presidencial. 

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