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La debacle del PLD


En un artículo titulado “La debacle del danilismo” (LD, 3/8/19), Ruddy Santana tergiversa hechos y, sobre todo, omite los esenciales, que llevaron al presidente Danilo Medina a decidir no intentar una nueva modificación constitucional, asignándole al expresidente Leonel Fernández el mérito prácticamente exclusivo de esa “derrota”. 

Santana reduce el conflicto a una simple cuestión aritmética de votos en el Congreso y atribuye a Fernández un poder cuasi mítico de organización de sus diputados y de “la participación directa del pueblo” en “la protesta popular”, minimizando el papel de los diputados del PRM y de Luis Abinader, a quien ni siquiera menciona. No contento con esta asombrosa fábula, declara sin tapujo que por primera vez desde que el PLD llegó al poder, Leonel empoderó a la ciudadanía y le “otorgó una participación a la población en un debate político-partidista fuera de los canales burocráticos”. 

Para entender los hechos que realmente forzaron a Medina a no intentar una nueva reforma constitucional, hay que recordar primero dos fechas: el 24 de octubre y el 21 de diciembre, ambas de 2016. 

En la primera, se hizo público el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y la empresa de aviación brasileña Embraer, mediante la cual esta admitió haber sobornado a un coronel dominicano y a través de éste a, por lo menos, un senador, con la suma de US$3.52 millones para la compra de 8 aviones Súper Tucano en 2009, bajo el gobierno de Leonel Fernández. En la segunda fecha, el gobierno de EE.UU. anunció que la empresa brasileña Odebrecht se declaró culpable de haber pagado US$92 millones en sobornos a funcionarios e intermediarios dominicanos para la obtención de diversas obras gubernamentales entre 2001 y 2014, bajo los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. 

Estas confesiones desataron la ira de amplios sectores de la nación, convocándose a una marcha cívica apartidista para el 22 de enero de 2017, bajo la consigna “por el fin de la corrupción y de la impunidad”. Espontáneamente se congregaron decenas de miles de dominicanos quienes proclamaron su indignación con el modelo de gobierno que, a partir de la adopción de la Constitución de 2010, consolidó un sistema político en el cual la corrupción y la impunidad pasaron a formar parte integral del sistema mismo. 

Estas enardecidas -pero pacíficas- manifestaciones populares, conocidas como Marcha Verde, siguieron durante 2017 a través del país, hasta desembocar en una real “masiva protesta” en Santo Domingo el 12 de agosto de 2018, llamada marcha del millón, la cual fue “respaldada por dirigentes de los opositores Partido Revolucionario Moderno y Alianza País” (LD, 12/8/18). 

Las encuestas Gallup-Hoy de 6 de febrero de 2017 (Hoy, p. 8A) y 3 de octubre de 2018 (Hoy, p. 6A), así como Penn (Hoy, 20/10/17, p. 12B) reportaron un formidable respaldo de la población a los objetivos de Marcha Verde de 91%, 85% y 84%, respectivamente. La primera de estas encuestas encontró, además, que 87,7% de los ciudadanos “afirman que funcionarios gubernamentales se beneficiaron de los US$92 millones de Odebrecht”. 

Ante esta realidad no debe sorprender que la población se volcara en contra de una nueva reforma a la Constitución para permitir a Medina una nueva repostulación, como recogieran las encuestas: 71% Gallup-Hoy (Hoy, 5/10/18, p. 11A), 69% Centro Iberoamericano de Gobernabilidad (LD, 20/2/19, p. 2A), y 68% Gallup-Hoy (Hoy, 6/5/19, p. 6A). En línea con este sentimiento, la última encuesta citada también determinó que “un 58,4% de los ciudadanos piensa que lo mejor para el país sería que gobernara otro partido” (p. 7A). 

Por esto, cuando Luis Abinader llamó a la ciudadanía a manifestarse en contra de una reforma constitucional el pasado 12 de julio, esta convocatoria se convirtió en “una multitudinaria marcha” de rechazo (El Nacional, 23/7/19, p.4), al igual que el llamado de la Coalición Democrática “para derrotar cualquier forma de continuidad en el poder de Danilo Medina, Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana” (LD, 21/7/19). 

Es necesario señalar que importantes sectores de la vida nacional (académicos, religiosos, empresariales, cívicos, sindicales) también se manifestaron de manera contundente en contra de una reforma constitucional, ampliando la presión social y reduciendo el margen de maniobra de Medina. 

La llamada del Secretario de Estado Mike Pompeo al presidente Medina sucedió en ese contexto de empoderamiento del pueblo dominicano, ocurrido mucho antes de las primeras escaramuzas frente al Congreso el pasado mes de julio. 

La incredulidad de la mayoría de la población de que, a pesar de las movilizaciones, el poder judicial no impartiría justicia en los casos de corrupcion de Embraer y Odebrecht ha encontrado aval en la triste realidad de que al día de hoy no existe una sola persona en la cárcel por estos crímenes. 

No debe caber duda alguna. ¡El cambio va! 

Por: Roberto Álvarez

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