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¿Qué significa ser un Estado Libre Asociado y por qué Puerto Rico no es considerado un país?


Durante la guerra hispano-estadounidense, EE.UU. se enfrentó al reino de España por los territorios que ésta dominaba en el Caribe. 

Ocurrió en 1898 y una de las consecuencias del conflicto fue que EE.UU. asumió el control político y territorial de la isla. 

Con los años, y después de varias revueltas frustradas que buscaban su independencia, EE.UU. le concedió a la isla el estatus de Estado Libre Asociado. 

Puerto Rico es controlado por EE.UU. desde 1898. Desde 1952 ha sido considerado un Estado Libre Asociado. 

Eso permitió que, a partir de 1952, el territorio pudiera escribir su propia Constitución y elegir a su gobernador mediante el voto popular. A diferencia de los otros 50 estados de EE.UU., Puerto Rico tiene un "delegado" en el Congreso que no tiene derecho a voto. 

También tiene partidos políticos distintos a los que se alternan en el poder en EE.UU.: el Partido Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista, Partido Independentista Puertorriqueño. 

Por otra parte, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y, de acuerdo a una sentencia judicial de 2015, la isla es un territorio de los Estados Unidos sujeto a la autoridad y poderes plenipotenciarios del Congreso de ese país. 

¿Puede separarse de EE.UU. y convertirse en república independiente? 

Esta pregunta se la ha hecho esta isla varias veces. 

Desde 1952, cuando se escribió la Constitución que hoy sigue en vigor, se han realizado cinco plebiscitos: en 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017. 

En todos ellos se presentaron tres opciones: convertirse en estado de EE.UU., seguir como Estado Libre Asociado o declararse una república independiente. 

En los últimos 60 años se han realizado unos cinco plebiscitos en los que se les ha preguntado a los puertorriqueños sobre su relación con EE.UU. 

En los cuatro primeros, el apoyo a seguir siendo un ELA o convertirse en el estado número 51 de EE.UU. (llamado "estatidad") fue mayoritario. 

Los votantes también favorecieron la estatidad en el plebiscito más reciente. Fue la opción por la que votó el 97%, pero en el proceso solo participó el 23% del patrón electoral. 

Sea como sea, para que Puerto Rico se convierta en estado debe existir una voluntad para ello en Congreso de EE.UU. Este debe tramitar una ley al respecto, pero la idea encuentra cierto rechazo por parte del Partido Republicano. 

En septiembre de 2018, el presidente de EE.UU., Donald Trump, también indicó que no la apoyaba. 

¿Cuál es la relación del estatus de la isla con de las protestas en contra de Ricardo Rosselló? 

Aunque el detonante de la actual crisis fue la revelación de un intercambio de cientos de mensajes de Telegram entre varios funcionarios, incluido el gobernador Rosselló, lo cierto es que en la isla desde hace varios años se viven momentos de profunda incertidumbre. 

Primero fue la declaración de bancarrota en 2015, cuando el gobierno aceptó que debía reestructurar una deuda que se acercaba a los US$70.000 millones. 

Los manifestantes también le reclamaban a Rosselló el pésimo manejo que le dio a los daños que causó el huracán María en 2017. 

Ante ello, el Congreso de EE.UU. aprobó la llamada "ley Promesa", la designación de una Junta de Supervisión Fiscal que responde al legislativo estadounidense, con poderes sobre el gobierno electo y que ha impuesto severas medidas de austeridad que impactan a varios sectores productivos de la isla. 

La incapacidad del gobierno puertorriqueño para oponerse a tales medidas ha sido uno de los temas de protesta entre los manifestantes en San Juan, quienes piden la salida de la JSF y de Rosselló. 

"Ricky, renuncia, estás despedido", se escuchó en la voces de los representantes sindicales que han criticado fuertemente el papel de la JSF en la isla. 

A esto se suma la devastación que causó el huracán María en 2017. Muchos manifestantes señalan que Rosselló no escuchó las distintas voces que indicaban que había más de 3.000 muertos en la isla tras su paso. 

El gobernador se demoró casi un año en aceptar que el número oficial de muertos no era 64, como él había indicado en un principio —y como sostenía Trump—, sino al menos los 3.000 que anotaron varias investigaciones externas. 

Trump también se unió a las críticas y calificó a Rosselló de incompetente. 

"Es un gobernador terrible. Para mí es un gobierno corrupto e incompetente", señaló el mandatario.

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