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Punta Catalina: cuerpo del delito


Entre Danilo Medina y los ejecutivos de Odebrecht hubo un entendimiento para mutuamente protegerse: La empresa no divulgó pruebas comprometedoras para el gobierno de Danilo Medina, y éste, a través de su Procurador General concertó un verdadero acuerdo de impunidad —homologado por Juez de Instrucción que se prestó a hacerlo— que exonera a Odebrecht de toda responsabilidad penal, y le permitió continuar las obras pendientes. 

Hay suficientes elementos para concluir que la licitación fue manipulada de forma bochornosa, para adjudicarle la obra a Odebrecht. No dejan dudas los testimonios de dos miembros del comité de licitación, quienes no firmaron el acta de adjudicación de la obra. El primero fue Isidoro Santana, actual Ministro de Economía y Hacienda, quien expresó que “nunca llegaron a leer el informe de evaluación técnica, sino que se les hizo una presentación en ‘Power Point’ en donde todas las empresas participantes quedaron descalificadas y solo quedó una empresa que resultó ser el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella... Que en la etapa final comenzó a tener la percepción de cierta inclinación a favor del consorcio que ganó la licitación”. El segundo testimonio corresponde al Ing. Ramón Flores, quien expresó, entre otras, que “no le gustó la actitud de dos técnicos de la consultora Stanley. Percibió que estaban prejuiciados,” y agrega que “se convoca a una reunión, para recoger informes a los fines de preparar una decisión, pero cuando llegamos y me dicen que todo está bien, como queriendo decir que ya se acabó el proceso y yo sorprendido, cuando me dicen que todo está bien, se generó una breve discusión, sobre si se debía discutir o no, porque ya se entendía que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella había ganado”. (Ver informe Comisión Investigación, págs. 157-161). 

El PGR, al momento de elaborar su expediente, contaba con indicios suficientes para identificar los sobornos hechos por Odebrecht para la adjudicación y aprobación de los contratos de Punta Catalina. 

En un artículo que, con este mismo título publiqué en esta columna el 17.07.2017, apunté que: “En el año 2014, en que se firma y se aprueba en el congreso el contrato de Punta Catalina, en las cuentas de las sociedades de Ángel Rondón denominadas Lashan Corp y Conamsa Internacional, se registran sucesivos depósitos provenientes de la sociedad que Odebrecht tiene registrada en Antigua, Klienfel de Services LTD, para el pago de sobornos. Los valores depositados fueron: En enero: US$10,000,000; en febrero: US$2,500,000; en marzo: US$3,750,000, en abril: US$ 506,000; en mayo: US$4,259,000; en junio: US$ 4,000,000.; en septiembre US$1,600,000; en octubre: US$2,381,361; en noviembre US$3,392,997; en diciembre US$1,450,000; en enero de 2015 US$1,145,119. En total, en el 2014/15, Ángel Rondón recibe de Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios dominicanos la suma de US$34,986,377.” 

Lo mismo puede decirse de la sobrevaluación de Punta Catalina. Reputados profesionales del sector eléctrico coincidieron en afirmarlo. El ing. José Luis Moreno San Juan afirmó que: “el costo base de una planta con la capacidad de Punta Catalina puede andar por los US$1,000 millones, a los que se agregaría un 58% para mitigar los impactos ambientales y una serie de imprevistos, con lo cual podría elevarse a US$1,500 millones.” (Íd.) El ing. Antonio Almonte por su lado expresó que “la sobrevaluación del contrato suscrito entre el gobierno y la firma brasileña Odebrecht, para la construcción de las plantas de Punta Catalina, asciende a por lo menos US$600 millones y sus costos son superiores en un 62.6% a lo que costarían plantas norteamericanas de referencia”. 

La sobrevaluación de Punta Catalina no solo era para cubrir los sobornos de la adjudicación sino que una parte se utilizó en la compra de legisladores para la modificación de la Constitución y habilitar al presidente para la reelección. 

La mayor prueba del encubrimiento hecho por Danilo Medina de Punta Catalina es el nombramiento mediante decreto de una comisión al margen del Ministerio Público para “la investigación de todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”. Se trató de un acto de obstrucción de la justicia y de franca usurpación de funciones por parte del Presidente de la República, hechos estos sancionados por la ley penal. El resultado de los trabajos de la Comisión no se hicieron esperar: No encontraron sobornos, ni sobrevaluación, ni conductas delictuosas por Odebrecht, ni recomendaron la rescisión del contrato, ni la inhabilitación de la empresa. 

A partir de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el pago por Odebrecht de US$39.5 millones en sobornos en Punta Catalina, se abre un nuevo escenario procesal. 

Si Danilo Medina no estuviera directamente implicado en estos hechos criminales y el Procurador fuera independiente, correspondería exigir la revelación de los nombres de los sobornados, la auditoria de la obra para determinar el monto de la sobrevaluación e iniciar la persecución penal de los imputados. 

Pero bien sabemos que mientras gobierne el peledé nada de esto sucederá. 

Por: Guillermo Moreno

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