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Marchas en Colombia y en 100 ciudades del mundo contra los asesinatos de líderes y liderezas sociales


La movilización por la defensa de la vida de los líderes sociales en Bogotá iniciará con una concentración en el Centro de Memoria en la calle 26 cerca del Cementerio Central. 

Desde las 5:00 de la tarde la movilización arrancará por la calle 26 al oriente hasta la carrera 10, luego al sur hasta la calle 13, posteriormente al oriente hasta la Carrera Séptima y finalmente hasta la Plaza de Bolívar. 

Sobre la atención a líderes sociales en Bogotá la Secretaría de Gobierno reveló la Ruta de atención a líderes sociales implementada por el Distrito desde 2016 y que actualmente protege la vida de 749 líderes sociales de todo el país en Bogotá. 

Ante esto, distintos gremios han manifestado que participarán de la movilización, como lo son las centrales obreras CUT, CTC y CGT. 

“Los trabajadores siempre hemos propugnado porque en Colombia los gobiernos garanticen el derecho al ejercicio de las libertades democráticas de todos los ciudadanos independiente de su filiación política, religión, raza, sexo, orientación sexual, condición económica y social. Igualmente, le hemos apostado a la solución política del conflicto armado y respaldado los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas”, manifestaron las centrales obreras. 

Según la CUT, CGT y CTC desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016 hasta el día de hoy, se han registrado los asesinatos de 710 líderes sociales y 138 desmovilizados en diferentes regiones del país, esto sumado a los más de 3 mil dirigentes sindicales asesinados desde 1986. Panorama, que es calificado por los gremios como un “asunto de por sí muy grave y preocupante, que requiere del Estado el compromiso de garantizar el cese de semejante ola de violencia y de los colombianos el rechazo rotundo a esta situación”. 

En su comunicación, las centrales obreras exigen al gobierno del presidente Duque “la protección real y efectiva al derecho a la vida de todos los colombianos”, y por consiguiente se realice una política pública concertada con las organizaciones sociales encaminada a crear un ambiente propicio para establecer condiciones favorables para un trámite civilizado de las controversias en nuestro país.

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