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Juicio político a Danilo Medina



Si en la RD hubiera un mínimo de institucionalidad, luego de hacerse pública la denuncia de los contratos a favor de Joao Santana y Mónica Moura, debieron dispararse tres dispositivos de investigación. 

La diputada por el Distrito nacional, Faride Raful, el pasado jueves 11, solicitó al pleno de la cámara baja, el nombramiento de una comisión especial para investigar varios contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y por la Dirección General de Comunicaciones con las empresas Cine & Arts SRL y Polis Caribe SRL, de Joao Santana y Mónica Moura. 

Lo que revelan estos contratos, certificados por la Contraloría General de la República, es de mucha gravedad porque comprometen seriamente la legitimidad del actual mandato presidencial de Danilo Medina. 

Se trata de contratos por sumas extraordinarias. A favor de Cine & Arts se erogaron, en diferentes partidas, cheques por valor ascendente a algo más de mil millones sesenta y un mil pesos, (específicamente RD$1,061,038.00). A Polis Caribe la suma de cuatro millones ochocientos mil dólares que a la tasa de entonces de 45 pesos por dólar equivale a doscientos dieciséis millones de pesos. En total, ambas empresas recibieron por concepto de supuesta asesoría y trabajos de comunicación más de mil doscientos setenta y siete millones de pesos. Concretamente RD$1,277,001,038.00. 

Más allá de las cantidades envueltas, lo que en realidad abona que se trata de contratos para encubrir actividades distintas a las que se consignan en ellos, son los personajes envueltos y el momento y circunstancias en que los mismos se realizan. 

Joao Santana es enviado por Odebrecht, en junio de 2011, como asesor y estratega de la campaña presidencial de Danilo Medina. Ya había sido asesor de varias candidatos presidenciales de la región, una parte de los cuales se encuentran en investigación, presos o destituidos por corrupción. Reproduciendo el esquema seguido por la empresa, una vez electo, entre 2012-2014 Danilo Medina concertó con Odebrecht 5 obras, todas sobrevaluadas, en especial las plantas a carbón de Punta Catalina que es la de más alto costo de las construidas por Odebrecht en sus 14 años de operaciones corruptas en el país. 

Mónica Moura, esposa de Joao Santana, es la que dirige desde el país el llamado “Departamento de Operaciones Estructurales” de Odebrecht que es el mecanismo creado por la empresa para el pago de sobornos y para el financiamiento de campañas en toda la región y que después de la elección de Danilo Medina comienza a operar desde nuestro país. 

Es decir, son estos dos “angelitos”, provenientes de las entrañas mismas de Odebrecht, que eran parte esencial en todo el tramado de corrupción de la empresa en la región, actualmente condenados y guardan prisión en su país, a quienes, luego de electo Danilo Medina, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de General de Comunicaciones contrata y les paga cerca de mil trescientos millones de pesos. 

La otra circunstancia de los contratos es el momento en que se concertan. Recuérdese que es el periodo previo a la modificación de la Constitución para introducir la reelección a favor de Danilo Medina a lo que sigue toda la campaña reeleccionista de cara a las elecciones de mayo de 2016 en las que Danilo Medina termina imponiéndose. 

Las obligaciones de Danilo Medina con Joao Santana y Mónica Moura eran de tal magnitud que los contratos con sus empresas se mantuvieron aún después de ser hechos presos en Brasil por corrupción y de haberse abierto la investigación penal de los sobornos de Odebrecht por más de 92 millones a funcionarios públicos en el periodo 2001 a 2014. 

Si en la RD hubiera un mínimo de institucionalidad, luego de hacerse pública la denuncia de los contratos a favor de Joao Santana y Mónica Moura, debieron dispararse tres dispositivos de investigación. El primero en la Cámara de Diputados, nombrando inmediatamente la comisión especial encargada de hacer la investigación de todo cuanto se esconde detrás de estos contratos simulados. El segundo, en la Procuraduría General de la República, actualmente apoderada del expediente de Odebrecht. El tercero, en la Junta Central Electoral, toda vez que la ley electoral dispone la obligación de que el dinero que interviene en el proceso electoral para el financiamiento de las campañas electorales tiene que ser de origen lícito, lo que evidentemente no sucedió en la reelección de Danilo Medina. 

Los contratos a favor de las empresas de Joao Santana y Mónica Moura y conocido el modus operandi de Odebrecht, si efectivamente se investigaran de forma independiente, se revelarían como una de las fuentes del dinero sucio utilizado en la reelección de Danilo Medina. 

Si las instituciones enumeradas hicieran la investigación de los contratos concertados por Joao Santana y Mónica Moura, se establecería la financiación ilícita de la reelección y se tendría que proceder, entre otras, a la formal acusación de Danilo Medina para hacerle un juicio político. 

Es claro que en ninguno de estos poderes se procederá a hacer la investigación. Mucho menos un juicio político. No importa. Ya en una amplia franja de la ciudadanía hay conciencia del carácter ilegítimo de la presidencia de Danilo Medina. Este es un gobierno condenado por corrupto y por secuestrar la institucionalidad democrática.

Por: Guillermo Moreno


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