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Razón y emoción en la política ciudadana



El estudio reciente de la política nos indica que las emociones juegan un papel fundamental en las decisiones políticas de los ciudadanos. Castells señala que los ciudadanos deciden gestionando conflictos en lo emocional y lo cognitivo, al final la gente cree lo que quiere creer. 

Esta visión se ha dio popularizando y hoy día reconocemos que los relatos políticos apelan a las emociones de aquellos a quienes se espera representar. El auge de proyectos neonacionalistas aquí y a nivel internacional, como lo es el caso del gobierno de Estados Unidos, ha sido explicado sobre la base de la irracionalidad de la política. 

La oposición entre razón y emoción resulta de una concepción utilitarista de la razón, que en nada tiene que ver con la capacidad cognitiva de las personas. En primer lugar, toda política es necesariamente racional porque constituye un lenguaje comunicado e interpretado por los demás. Desde el momento en que nos planteamos la transmisión de mensajes dirigidos a incidir en la forma como interpretamos el mundo estamos hablando de una racionalidad. 

En su comentario sobre “Locura y sinrazón” de Foucault, Derrida señala que poner en tela de juicio la razón es imposible porque el juicio implica ya la razón misma, más aún, hablar de la “locura” (la sinrazón) es situarse inmediatamente del lado de la razón, del orden. Contra la Razón, señala, solo se puede apelar a ella misma. 

En segundo lugar, las emociones no son lo opuesto a la razón, sino que forman parte del proceso cognitivo. Sin emociones no habría motivos para actuar, y son ellas las que ofrecen parámetros para tomar decisiones informadas. 

“Frente a una larga tradición política mafiosa, de los privilegios, de los matatanes, de los comesolos… hemos constituido una subjetividad ciudadana que opera en términos clientelares”. 

En ese sentido, los proyectos políticos democráticos en nuestro país tiene que lidiar con un importante grado de desencanto de la ciudadanía frente a la construcción de un mundo común (la política). La mayoría de los estudios de cultura política dan cuenta de que en la sociedad dominicana la gente tiene poca esperanza de un futuro promisorio. Por el contrario, la gente se siente desamparada y espera emigrar como único camino para alcanzar el bienestar. 

En un contexto así es esperable que continúen prosperando los proyectos políticos autoritarios que racionalizan el miedo y el resentimiento de amplios segmentos ciudadanos canalizándolos contra poblaciones vulnerables (migrantes, comunidad sexodiversa, etc.) y contra la “pérdida de valores” o “falta de moral”. 

Definitivamente construir un relato democrático que sea esperanzador en un contexto de precariedad y además contra corriente a nivel internacional es una tarea espinosa. Pero me parece que abordar la constitución de la ciudadanía como identidad política puede ayudar a aclarar el camino. 

Al hablar de la constitución de la ciudadanía, lo que se busca es una racionalidad política construida desde lo común, a partir de la cual el mundo cobra un cierto sentido diferente a lo que hoy es el sentido común. No se trata de que a la gente le dé pena o lástima el sufrimiento ajeno, sino de apelar a la identificación con los bandos que se forman a partir de los conflictos políticos y sociales realmente existentes en nuestra sociedad. 

En un país en el que el que gana es el que goza, y en el que solo unos cuantos pueden aspirar a vivir bien, el neopatrimonialismo y el clientelismo hacen mucho sentido y son la apuesta lógica de un utilitarismo intuitivo. Frente a la tradición política mafiosa, de los privilegios, de los matatanes, de los comesolos… hemos constituido una subjetividad ciudadana que opera en términos clientelares. En pocas palabras, el desdén de la élite por el bienestar de los ciudadanos está en el fondo de la subjetividad basada en sobrevivir en un ambiente hostil. 

“En última instancia, resulta claro que el poder reservado a los que no gobiernan se deriva de su capacidad para subvertir todo o parte de un orden político injusto y autoritario”. 

A esta tradición se enfrenta la política ciudadana, de la equidad y la reciprocidad de los derechos. La justicia es la principal demanda democrática en la sociedad dominicana de hoy. En diversos espacios, la justicia tiene diferentes nombres. Para algunos es más equidad, para otros fin de la impunidad, respeto a la diversidad o prosperidad, etc. Lo que resulta claro es que la justicia es el trasfondo de esas demandas y que en todos los casos la justicia es denegada por alguien concreto. 

Lo que muchas veces falta en la política dominicana es la identificación de esos que deniegan la justicia. 

Otra dificultad es que, si bien es indudable que vivimos en una era individualista, partimos de que el bienestar individual generalizado solo es posible en una sociedad que garantice a sus ciudadanos una serie de bienes básicos y un régimen de tolerancia para sus deseos y peculiaridades basado en el respeto al prójimo. No me parece difícil asociar las emociones individuales con un proyecto político de bienestar común, lo que sí luce difícil es que la gente crea posible cambiar el estado de cosas en la política de nuestro país. 

Para esto tendríamos que empezar por romper el marco de sumisión y autoritarismo bajo el que se ha constituido hasta ahora la ciudadanía dominicana. Las movilizaciones ciudadanas de los últimos años han sido un paso importante, pero es necesario contar con una teoría de la agencia ciudadana y su rol en la política para que las movilizaciones sean eficaces. 

Se trata de dejar de lado la idea de que los reclamos democráticos deben ser bien portados. De que lo democrático es respetar las reglas del poder, aunque sea ilegítimo o injusto, y de que los demócratas no molestan. Si este es el caso, los reclamos democráticos se quedan en simple desahogo que nunca se traduce en poder para cambiar las cosas. 

En última instancia, resulta claro que el poder reservado a los que no gobiernan se deriva de su capacidad para subvertir todo o parte de un orden político injusto y autoritario. En la constitución de la ciudadanía, nos indica Balibar, se da la aporía de la insurgencia implícita en toda demanda democrática y la tendencia a su institucionalización. Quien tiene un reclamo democrático es porque se ve vulnerado en sus derechos, y si ese es el caso, es justificación suficiente para molestar a los demás en exigencia del respeto al derecho vulnerado, esto es lo que puede permitir generar nuevas subjetividades políticas según quienes se identifiquen con tal reclamo. Ese es justamente el momento en que razón y emoción se cruzan en la política democrática.


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