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Ciudadanía y el antihaitianismo que llevamos dentro



La política dominicana se enfrenta a un reto trascendente, la redefinición de la ciudadanía y las fronteras políticas de la comunidad. 

En sus estudios sobre ciudadanía Etienne Balibar señala la inquietante paradoja de la política actual consistente en que el avance de los principios universalistas de la ciudadanía moderna ha sido no solo insuficiente para poner fin a la exclusión interior, sino que de hecho tiende a crear nuevas formas de exclusión con una justificación universalista (Balibar, Ciudadanía, 2013). 

El resurgir de los discursos xenófobos y racistas en la política nacional e internacional da cuenta de esta paradoja. 

Al respecto, Balibar plantea que la democracia implica siempre una lucha por definir quiénes son los ciudadanos y cuales derechos tienen como integrantes de la comunidad política. La democracia moderna consagró el rechazo político a la desigualdad de estatus, no obstante, esto se “pagaría” con una “exclusión aún más radical”, si “los individuos o grupos no pueden ser excluidos de la ciudadanía en razón de su estatus o de su origen social, estos deben ser excluidos precisamente en cuanto hombres: tipos humanos diferentes de otros” (Balibar, Ciudadanía). 

Las diferencias son inherentes a la diversidad humana. Sin embargo, en la actualidad se han convertido en dispositivos biopolíticos de gobernanza. Así, el principio universalista de la ciudadanía moderna se invierte en la medida en que, si todas las personas tienen igual dignidad y derechos, los que de hecho no son iguales (los explotados, excluidos, marginados, violentados, etc.), son no-personas. 

Resulta entonces que en la configuración de las comunidades políticas hay una contradicción entre el principio de igual libertad para los ciudadanos y la exclusión para los no-ciudadanos. Es esa contradicción la que mueve “la rueda de la democracia” en la medida en que los excluidos luchan por su inclusión y con ello redefinen la identidad de la comunidad política. 

En el caso dominicano, hay una forma evidente de esta tendencia excluyente. La xenofobia y el antihaitianismo de los “salvajes”, de quienes el portavoz de la presidencia ha dicho que son “promotores del odio NUNCA han luchado por engrandecer la PATRIA ni aman al PRÓJIMO DOMINICANO”. 

Sin embargo, aflora la tendencia excluyente más institucional del propio gobierno que representa el portavoz y que se corresponde con la racionalidad política hegemónica. Esa que plantea que hay que traer orden a la frontera, pero respetando los derechos humanos, y que hay que controlar la inmigración. 

Podemos avanzar hacia una ciudadanía más democrática o retroceder por el camino de la exclusión (ya sea racismo, homofobia, transfobia, etc.). 

Cuando se promueve la falacia de que la frontera dominico-haitiana es un desorden o de que hay que controlar la inmigración se fortalece la tendencia excluyente de definir la ciudadanía dominicana en función de criterios ético-raciales o cultural-lingüísticos. 

La frontera dominico-haitiana nunca ha estado en desorden, el tráfico humano es un orden político particular. Los inmigrantes no le “cuestan” nada al país, todo lo contrario, son creadores de riqueza. Tampoco corre riesgo la identidad nacional por la mayor o menor presencia de inmigrantes, puesto que la identidad nacional no es y no puede ser estática, ni contiene esencia alguna. No hay nada que esencialmente defina la dominicanidad siempre en tránsito (al respecto ver artículos de Román López Lara y ensayo de Ana Féliz Lafontaine). 

A nivel internacional parece ganar terreno la idea de una “gobernanza posnacional” en la cual los Estados se concentran en una función policial de “control de las fronteras y los desplazamientos de poblaciones” dejándole a los organismos internacionales y las ONG el “cuidado de la administración del enorme problema humanitario que constituye la creciente masa de no ciudadanos” (Balibar, Ciudadanía). 

Esa es justamente la política del presidente Medina. Su famosa ley 169-14 lejos de enfrentar el racismo de la sentencia 168-13, precisamente busca fortalecer el rol policial del Estado y responsabilizar a las ONG de administrar la creciente población de no ciudadanos conformada por desnacionalizados, trabajadores migrantes y “sin papeles”. El desarraigo ha sido una constante en la política migratoria dominicana, y Danilo Medina ha continuado esa tradición. Fomentando las falacias del desorden fronterizo y la defensa de la dominicanidad con “rostro humanitario”. 

Hoy día la vuelta del leonelismo parece amarrada al “racismo salvaje”, frente al cual se “yergue sereno” el “racismo con rostro humano” del danilismo, que busca enfrentar “el problema haitiano” desde una legalidad excluyente y antidemocrática que patologiza la diferencia. 

Es seguir con lo mismo de siempre, es decir, se promueve la inmigración haitiana en la precariedad para facilitar su explotación y el continuo enriquecimiento de las mafias que nos gobiernan. Esto es hablarle al antihaitianismo que llevamos dentro como dominicanos bien portados que creemos más en la obediencia a la autoridad que en los derechos de los ciudadanos. 

Lo cierto es que la política dominicana se enfrenta a un reto trascendente, la redefinición de la ciudadanía y las fronteras políticas de la comunidad. No solo frente a los trabajadores migrantes y los dominicanos desnacionalizados, sino también frente a la comunidad GLBTI, las mujeres y de manera más general los jodidos por los privilegiados. 

Podemos avanzar hacia una ciudadanía más democrática o retroceder por el camino de la exclusión (ya sea racismo, homofobia, transfobia, etc.). Viendo la vida “desde el balcón de mis privilegios”, como señala Virginia Perdomo, es fácil mirar al otro lado, pero la política nos alcanza donde quiera que nos metamos y nos obliga a tomar lados. 

Balibar, citando a Lefort, afirma que no hay status quo en materia de ciudadanía, o se amplía la efectividad de los derechos humanos (ampliamos las prestaciones sociales, extendemos la ciudadanía efectiva a los extranjeros, desterramos la discriminación por identidad de género, preferencia sexual, etc.) o bien estamos en retroceso, perdemos derechos. 

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